martes, 1 de septiembre de 2009

La crisis del autogobierno valenciano

Decía Truffaut que un pesimista es un optimista con experiencia. Superado el ecuador de la VII legislatura, ya parece evidente que ésta será la más nefasta de la historia de nuestra autonomía. Las elecciones generales y europeas nos han tenido en campaña permanente desde la constitución de las Cortes hace dos años. Mientras, la Comunidad Valenciana ha registrado el peor crecimiento económico de España, con un 0,5% en 2008, y su tasa de paro roza ya el 20%. Desde hace once años es la región más endeudada del país en relación con su PIB.

A la crisis económica se suma la crisis política. El President de la Generalitat ha sido imputado por un posible delito de cohecho. El Presidente de la Diputación de Castellón lleva años envuelto en una serie de procesos que parecen no tener fin. El Presidente de la Diputación de Valencia, crecido ante el micrófono, lanza insultos generalizados en mítines y hasta una proclama franquista en el pleno municipal. El conseller de Gobernación reconoce que concedía contratos públicos a un amigo y no ve dónde está el problema.

El parlamento autonómico es una aburrida asamblea dominada de manera absoluta por el Partido Popular. El supuesto líder de la oposición ni siquiera es diputado y el debate político será todavía más pobre tras la desaparición de la izquierda alternativa en 2011.

La crisis política valenciana es estructural. A muchos políticos valencianos no les motiva la política valenciana más que como trampolín para obtener cargos en Madrid o como fuente de ingresos ("tengo que hacerme rico como sea"). En consonancia con ese desinterés, la sociedad valenciana no es consciente de las competencias y responsabilidades de la Generalitat. De hecho, el President Camps es el único político autonómico conocido por la mayoría de ciudadanos.

Naturalmente, el desconocimiento popular de la realidad autonómica no es responsabilidad exclusiva de la clase política. Prueba de la apatía ciudadana es que el índice de lectura de prensa en la Comunidad Valenciana es uno de los más bajos de España, país que la UNESCO considera subdesarrollado en este aspecto.

La Comunidad Valenciana 'oficial' tiene una historia y una lengua propias y representa aproximadamente el 10% de la población y la economía españolas. Cuenta con todos los ingredientes para ser una región europea puntera. Sin embargo, la Comunidad Valenciana 'real' presenta profundas divisiones lingüístico-culturales entre la costa y el interior y, sobre todo, político-identitarias entre sus tres provincias.

En estas circunstancias, cabe preguntarse si existe una verdadera y única comunidad política valenciana. Es más, si el calificativo 'comunidad histórica', justificado por nuestro pasado, se ajusta a la Comunidad Valenciana actual. Teniendo en cuenta su escasa repercusión social, el nuevo Estatuto de Autonomía no es más que un espejismo. Su aprobación y desarrollo no importan lo más mínimo a la inmensa mayoría de los ciudadanos, que desconoce incluso las novedades más significativas. Todo por el pueblo pero sin el pueblo.

Mientras la crisis económica pone en aprietos a casi todos los partidos de gobierno, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) está llamado a gobernar la Generalitat al menos una década más. La crisis, el paro, la deuda y las imputaciones de corrupción al más alto nivel no parecen tener repercusión alguna en un partido que se considera absuelto por aclamación electoral. Y es que el PPCV le ha tomado el pulso a la sociedad valenciana 'real', esa sociedad de intereses múltiples que nunca ha seguido el guión del nacionalismo.

El PPCV ha armado un potente discurso basado en los grandes eventos y en el victimismo. Los grandes eventos y las obras faraónicas sirven para justificar los gastos del autogobierno y para ganar aceptación entre una ciudadanía que no se pregunta por los costes económicos ni medioambientales.

El victimismo ante Cataluña siempre ha sido un eje argumentativo útil para cohesionar a los votantes del área metropolitana de Valencia, la zona más poblada de la Comunidad. Parcialmente desactivado el conflicto lingüístico por su vacuidad y por el cambio generacional, la victoria socialista de 2004 propició al Consell un nuevo villano, esta vez válido para todo el territorio. La batalla del agua es el mejor ejemplo de una estrategia propagandística donde lo que menos importa es el problema en sí.

Con el control absoluto de las instituciones y de la televisión autonómica, el PPCV ha logrado una cohesión superficial pero suficiente para llenar las urnas de gaviotas elección tras elección. En estas circunstancias, los partidos de la oposición tienen una misión casi imposible, independientemente de sus abundantes errores y carencias. El cambio tardará mucho en fraguar y no consistirá única ni necesariamente en un Consell socialista; hará falta una nueva generación de políticos conservadores más honestos y cosmopolitas que hagan del PPCV un partido más preocupado por la gestión pública y menos obsesionado con las elecciones.

lunes, 11 de agosto de 2008

Thanks!


Dear friends,

I wouldn't like to speak too much about myself in my own blog but I think this time it's justified. I've just passed the EU competition on communication and would like to thank all the people who have supported me during the last years. It seems I'll stay in Brussels a very long time!

miércoles, 2 de julio de 2008

Por una Europa comprensible y transparente

Adjunto el artículo que me publicó Levante-EMV el pasado 1 de julio. En verdad los dos artículos que he colgado en este cuaderno eran uno solo y lo tuve que dividir. Sé que no es una lectura divertida, pero me parecía interesante utilizar ideas que había tenido mientras estudiaba para la oposición.


Por una Europa comprensible y transparente

Todas las encuestas muestran un profundo desconocimiento de la Unión Europea (UE) por parte de sus ciudadanos. La UE es un sistema político complejo, fruto de negociaciones difíciles llevadas a cabo en momentos históricos delicados. Además, los gobiernos nacionales han utilizado durante años la UE para justificar medidas impopulares que ellos mismos aceptaban en mesas de negociación secretas para luego criticarlas a la luz de las cámaras ("Bruselas obliga…"). El resultado es una UE que la gente no entiende y a la que se hace responsable de todo lo que no gusta.
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Con gran sentido pedagógico, el politólogo británico Simon Hix propugna un análisis de la UE basado en los mismos conceptos que sirven para explicar los sistemas políticos nacionales. Así, la UE se asemeja a un sistema político bicameral, con un Parlamento representando a los ciudadanos y un Consejo representando a los estados. La Comisión Europea actúa como promotor legislativo y como supervisor de la ejecución de políticas por parte de los estados miembros. En tareas como la regulación del mercado o la redistribución de la riqueza, la UE recuerda a estados complejos como Alemania o Estados Unidos.
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Como cualquier estado, la UE crea controversia entre sus ciudadanos. Llega un momento en que la regulación del mercado único deja de basarse en principios económicamente objetivos y pasa a considerar valores políticos. A la pregunta de si deben imponerse duras condiciones medioambientales a los fabricantes de automóviles no se puede responder desde la profilaxis ideológica, sino desde posiciones políticas bien conocidas. Los dirigentes europeos han de asumir que la UE se ha metido de lleno en harina política, por lo que requiere transparencia y comportamientos familiares al ciudadano. Y para ello no hace falta un nuevo tratado.
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En efecto, el actual Tratado de Niza no pone ningún obstáculo a la celebración de una campaña electoral genuinamente europea en 2009. Los ciudadanos están acostumbrados a votar entre diferentes partidos a diputados que a su vez han de elegir un presidente de gobierno. Esta lógica puede adaptarse sin cambios institucionales a la Unión Europea. Los eurodiputados ya están agrupados en partidos políticos europeos. Para hacer entender la importancia creciente del Parlamento Europeo sería conveniente que los ciudadanos visualizaran estos partidos como tales, es decir, con un programa electoral a nivel continental y un candidato a Presidente de la Comisión Europea. El intercambio de cromos entre mandatarios a la hora de decidir los puestos clave de la UE no ayuda a hacerla más cercana ni comprensible.
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Aunque estos días pueda parecer irónico, la UE se está esforzando en aumentar la transparencia, una sana costumbre nórdica que llegó a Bruselas con el ingreso de Suecia y Finlandia en 1995. Parece lógico que si el Consejo de Ministros se ha de parecer más a un senado que a una cumbre intergubernamental, sus debates sean tan públicos como los del Parlamento Europeo. Hoy en día ya podemos acceder a través de Internet a las discusiones y votaciones del Consejo, en ocasiones con imágenes en directo. Si bien es cierto que el ciudadano de a pie no tiene la página del Consejo entre sus favoritas, la apertura facilita el trabajo a los periodistas, que sí llegan al gran público.
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La crisis institucional de estos días está quitando todo el protagonismo a una medida que sienta las bases de una UE transparente. Bruselas es tierra de acogida para decenas de lobbies que intentan influir la legislación comunitaria. La Comisión Europea abrió el pasado 23 de junio un registro en el que todos los grupos de presión, desde grandes empresas hasta ONG, están llamados a declarar sus intereses, presupuestos y fuentes de financiación (http://ec.europa.eu/transparency/regrin/index_es.htm). El registro no es la panacea al secretismo de la UE; debería ser obligatorio e incluir también los grupos que presionan al Parlamento Europeo. Aún así, no cabe duda de que es un paso adelante.
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Siguiendo la misma línea de apertura, la Comisión Europea ha abierto su página web a los ciudadanos en varios asuntos. También está financiando proyectos en los que ciudadanos de distintos estados se conocen e intercambian puntos de vista sobre las prioridades de la Unión. Estos experimentos ofrecen cauces de participación no electoral y permiten a la Comisión conocer de primera mano cuáles son las inquietudes reales de los ciudadanos europeos, que a menudo se alejan bastante de aquéllas manifestadas por sus gobernantes en la mesa de negociación. De hecho, en los proyectos ya concluidos, los ciudadanos se han manifestado mucho más pragmáticos y menos políticamente correctos que sus dirigentes.
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Las instituciones europeas no son perfectas, como tampoco lo son los gobiernos nacionales. El problema es que los ciudadanos desconocen su funcionamiento y les atribuyen los males más diversos. A largo plazo, las nuevas medidas en pro de la transparencia responden a la crisis de confianza mucho mejor que el nuevo tratado.

domingo, 29 de junio de 2008

ESPANYA, CAMPIONA D'EUROPA

La selecció espanyola de futbol s'ha proclamat campiona d'Europa. Mai pensava que seria possible, com mai pensava que el València podria guanyar algun dia la Lliga. Hui és una nit gran per als amants del bon futbol i també per als espanyols en general, clar que sí! Espere que ho disfruteu com jo.

Educación para la Ciudadanía... europea


Hola a todos:

Inauguro
Brussel·les e-Vents con el artículo que me publicó el Levante-EMV el pasado 26 de junio de 2008. Espero que lo encontreis interesante aunque no seáis unos 'freakies' de la política europea como yo.



Educación para la Ciudadanía… europea

Uno de los grandes obstáculos para que los ciudadanos entiendan el sistema político europeo es su modificación constante. En los últimos veinte años, la Unión Europea (UE) ha vivido una inestabilidad institucional que pocos países habrían soportado. Las cuatro reformas de los tratados constitutivos han dificultado el desarrollo de una cultura cívica europea. La victoria del no en el referéndum irlandés confirma la dificultad de modificar los tratados existentes. Quizá sea hora de abandonar la reforma institucional para avanzar en la consolidación de una ciudadanía europea informada y participativa.
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Pactada hace poco más de medio siglo, la Comunidad Económica Europea (CEE) buscaba la creación de un mercado único. Los ciudadanos de Europa occidental, todavía con la resaca de la Segunda Guerra Mundial, aceptaron sin condiciones este gran proyecto de paz y crecimiento económico. La crisis de confianza en la UE se inició a principios de los noventa, cuando Dinamarca rechazó el Tratado de Maastricht. Como buenos profesionales de la política, los dirigentes europeos pensaron que ciertas reformas institucionales se traducirían en una mayor eficacia y aceptación social.
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El objetivo era contrarrestar dos trasvases de poder. En primer lugar, de todos es sabido que los parlamentos nacionales han perdido buena parte de su poder legislativo a favor de los gobiernos. Los ejecutivos presentan a "sus diputados" textos listos para ser aprobados e implementados. El parlamento se ha convertido en un teatro de acuerdos y desacuerdos orientado a unos medios de comunicación que cada vez le hacen menos caso. Ante esta acumulación de poder por parte de los ejecutivos nacionales, se incrementó el peso del Parlamento Europeo, que sí discute leyes punto por punto. Gracias al procedimiento de codecisión, es necesario el acuerdo del Parlamento y del Consejo para la aprobación de buena parte de la legislación comunitaria.
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El segundo trasvase de poder afecta a los municipios y las regiones, que ven cómo los gobiernos centrales discuten muchas de sus competencias en Bruselas. En cierta medida, la descentralización del Estado hacia las regiones se ve neutralizada por la centralización de poder hacia la UE. La respuesta institucional fue crear el Comité de las Regiones y permitir la representación de los estados en el Consejo a través de ministros regionales.
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Las reformas institucionales se basan en la lógica de la democracia representativa. El problema es que la democracia representativa, perfectamente asentada en los estados miembros, está lejos de consolidarse a escala europea. Por tanto, la raíz del asunto es política y no institucional.
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La democracia representativa requiere que los ciudadanos sepan quién les representa, qué responsabilidades tiene, cómo ejerce su función y qué alternativas hay. Para ello es necesaria la existencia de un demos o comunidad política en la que se compartan valores esenciales y se discutan temas comunes. La ausencia de estas condiciones impide la consolidación de una democracia representativa eficaz y socialmente aceptada a nivel europeo. Y eso no se arregla con ningún tratado.
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El rechazo del Tratado Constitucional por Francia y Holanda en 2005 aceleró los cambios en la estrategia de la UE para ganar la aceptación ciudadana. A las reformas institucionales arriba mencionadas se añadía ahora una nueva política de comunicación basada en la participación ciudadana, sobre todo por internet. Inspirándose en la idea de democracia deliberativa de Jürgen Habermas, la Comisión Europea empezó a promover el surgimiento de una esfera pública europea, una comunidad de ciudadanos cuyo debate influye la agenda y las decisiones políticas.
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La democracia deliberativa no ha de sustituir a la democracia representativa, sino mejorar su funcionamiento. La esfera pública europea debería penetrar y complementar las esferas nacionales y regionales. Este camino, largo, difícil y para algunos utópico, debería consolidar la UE como una realidad política irreversible que no pone en peligro las instituciones nacionales y que es necesaria para solucionar problemas comunes a todos los estados miembros. La idea es que la UE no se tambalee cada vez que se celebra un referéndum en un país de cuatro millones de habitantes como Irlanda.
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Fomentar la aparición de un espacio público que conduzca a una comunidad política europea no es tarea de grandes campañas propagandísticas. Es un cambio social a largo plazo que ha de contar con el sistema educativo. La formación en ciudadanía europea no requiere la creación de ninguna asignatura específica, sino la introducción de una dimensión europea en materias tan consolidadas como Historia, Ciencias Sociales o Inglés.
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Todos los ciudadanos están invitados a participar en la nueva política de comunicación europea. Sin embargo, sólo la implicación del sistema educativo permitiría albergar esperanzas en el desarrollo de nuevas generaciones de ciudadanos informados y participantes. Sería positivo que en un futuro referéndum europeo los españoles celebráramos un auténtico debate de ideas como ocurrió en Francia en 2005 o como ha ocurrido en Irlanda las últimas semanas. Independientemente del resultado.